Hace una semana, la corte federal del distrito sur de San Diego, California, sentenció a 25 años de prisión a quien llegó a ser considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y violentos de México, antes de la era Chapo. Se trata de Benjamín Arellano Félix, quien ve así su destino reducido a pasar el resto de su vida en una prisión, sea en Estados Unidos, sea en México.

El hombre acusado de estar tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo en mayo de 1993 –y principal sospechoso en el atentado al periodista J. Jesús Blancornelas– libró la cadena perpetua por dos circunstancias: su oficio de extradición y el arreglo al que llegó con las autoridades norteamericanas para cooperar en futuras investigaciones.

Una parte sustancial de este acuerdo judicial entre el capo y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es la obligación del primero a pagar una sanción de cien millones de dólares. Arellano Félix firmó un documento en el que se obliga a entregar al gobierno norteamericano el dinero que resguarda en cuentas bancarias, instituciones financieras y casas de seguridad. También a trasladar a nombre del mismo gobierno propiedades, casas y empresas en México y en Norteamérica; todo hasta sumar el monto de los cien millones de dólares.

Benjamín Arellano estuvo preso en México poco más de nueve años. Fue detenido en marzo de 2002 en Puebla cuando llegó a visitar a su esposa e hijas. Elementos del Ejército ya le estaban esperando. Sin violencia, sin disparos, lo aprehendieron y fue puesto a disposición de la autoridad judicial y prisionero en el penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De ahí salió el capo un abril de 2011 para ser extraditado e internado en una prisión de San Diego, California, Estados Unidos, y ser juzgado en aquel país por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, narcotráfico y homicidios. En México, durante los nueve años de cautiverio, Benjamín Arellano no fue procesado por todas las faltas que a la Ley cometió. No porque no se le haya podido probar su participación material o intelectual en negocios ilícitos, tráfico, distribución de droga y homicidios, no; Arellano obtuvo en México un benévolo castigo debido a la característica principal de la Procuraduría General de la República: la falta de investigación.

Recibió en nuestro país dos condenas. Una de siete años por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y otra de 22 años por delincuencia organizada. Además, fue obligado a pagar una multa de poco más de tres mil 500 pesos.

¿Algo suena raro? Indudablemente el hecho de que el narcotraficante que pagará cien millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, en México sólo haya sido tasado con tres mil 500 pesos. Lo que sucede es que para el gobierno mexicano la persecución de los recursos económicos del crimen organizado se limita al aseguramiento de billetes que son descubiertos en casas de seguridad, guardados en maletas antes de ser distribuidos a lo largo del país para la producción de más drogas y la habilitación de más rutas para el trasiego de las mismas.

La investigación sobre los bienes de los narcotraficantes es inexistente en México. Cientos de casas que son de manera temporal confiscadas porque en su interior se detuvo a un criminal, se encontró droga, dinero o alguna escena del crimen, regresan sin más a las manos de propietarios, pertenezcan estos o no, al crimen organizado.

Es ejemplo una casa en Mexicali, Baja California, que ha sido cateada en tres ocasiones. Las dos primeras los agentes localizaron y aseguraron droga. En la tercera, sólo la residencia de un diputado local.

Pero sirva el caso de Benjamín Arellano Félix para hacer notar que el narcotráfico subsiste a partir de tres elementos: la impunidad, el negocio y el dinero. No son –aunque eso nos ha hecho creer el gobierno de Calderón– las personalidades del mundillo criminal las que sostienen la estructura ilegal del negocio de las drogas. Esos son reemplazables. Va el ejemplo con el mismo caso de los hermanos Arellano: Benjamín fue detenido en 2002, su hermano Ramón asesinado el mismo año, Francisco Javier aprehendido por autoridades norteamericanas en 2006, y Eduardo cayó en Tijuana en 2008, pero el cártel Arellano no ha sido exterminado. Reducido quizá, minado tal vez, pero no desaparecido, si consideramos que el sobrino de Benjamín, Fernando Sánchez Arellano, conserva aún las tres rutas que le dieron origen y le dan vida a la estructura criminal: la impunidad, la droga y el dinero.

Lo que requiere la guerra contra el narcotráfico, declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, es completarla con un combate financiero contra las organizaciones criminales.

Cuando se persigue narcotraficantes, normalmente hay dos vías por las cuales llegar a ellos: el dinero y las mujeres. Las damas en un país machista (en este caso proteccionista del género) como lo es México, generalmente reciben un trato privilegiado. Se les deja ir, se les pone en libertad; y mientras sus maridos están siendo interrogados y procesados, ellas hacen la labor de enlaces para limpiar las casas de seguridad y alertar a otros miembros de la organización criminal para que emprendan la huida. Esto las lleva a ser siempre protegidas, en términos económicos, de la mafia.

Tras el dinero, el gobierno mexicano no ha decidido ir. No conocemos en México de una sola cuenta bancaria que haya sido congelada a un narcotraficante, su familia o sus empresas lava-dólares. La razón es sencilla: no existe una política de investigación financiera sobre las estructuras criminales.

En estas circunstancias, no en vano Joaquín «El Chapo» Guzmán, es considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y ricos del mundo. La revista Forbes ha valuado su fortuna en por lo menos mil millones de dólares, situación con la que parecen estar de acuerdo los departamentos de justicia, de investigación y antinarcóticos de la Unión Americana, desde donde le han dado a este mafioso el mismo rango de poder, y ofrecen por información que lleve a su captura, siete millones de dólares.

Una vez que Benjamín Arellano concluya su pena de 25 años de prisión en los Estados Unidos será deportado a México –no antes como fue publicado en los indistintos medios mexicanos– para que termine de purgar la sentencia de 22 años aquí impuesta, y continúe el proceso judicial que por el crimen del cardenal Posadas y Ocampo se le sigue en un juzgado de Guadalajara, Jalisco. Llegará viejo y sin dinero. Estados Unidos se lo habrá confiscado todo, algo que en México la autoridad fue incapaz de hacer durante los nueve años que lo tuvo prisionero.

La investigación sobre el dinero producto del crimen organizado en México es un tema que resulta necesario, urgente e importante, ante los altos niveles de violencia que se han registrado en los últimos seis años. Una iniciativa contra el lavado de dinero que más que perseguir a los delincuentes, limita las transacciones comerciales entre la clase trabajadora, empresarial y de negocios, no será la solución al creciente problema de las drogas en México.

El gobierno del presidente Felipe Calderon ha optado por limitar las operaciones financieras de empresarios y ciudadanos de bien en lugar de enfocarse en perseguir el dinero ilícito. Así lo demostró con la medida para el control en el manejo de dólares, que en la frontera –donde es común la petición y recepción de esta moneda– ha disminuido las transacciones comerciales y obligado a muchos a abrir cuentas en bancos cruzando la línea fronteriza en territorio estadounidense, para mantener su capital en un papel moneda más estable que el mexicano.

El combate financiero al narcotráfico urge, pero con investigación y herramientas fiscales para atacar los cimientos económicos que hacen del narcotráfico un poderoso negocio, independientemente de quién esté a la cabeza. Permitir que «El Chapo» Guzmán amase una fortuna de mil millones de dólares en México o que Benjamín Arellano tenga dinero y bienes para pagar al gobierno de Estados Unidos, cien millones de dólares, es el problema. Y ese no se ataca con armas, sino con inteligencia.

Adela Navarro Bello

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